Según un informe del Observatorio Valenciano de la Inmigración, le siguen Alicante, con 13.604, y Castellón, con 2.573 nuevas regularizaciones.
El estudio indica que el crecimiento anual de la inmigración regular ha ido en paralelo al incremento del número de inmigrantes empadronados en la región, aunque en el último año los extranjeros con tarjeta de residencia han seguido aumentando pese a que el flujo migratorio se ha reducido por primera vez en 13.000 personas en la región.
Del total de extranjeros con tarjeta de residencia en la Comunidad Valenciana, más de la mitad (394.049 personas) son ciudadanos comunitarios inscritos en el Registro de Extranjeros. Destaca la presencia de rumanos, búlgaros, británicos y alemanes entre los comunitarios, mientras que entre los originarios de fuera de la Unión Europea la mayoría son marroquíes, ecuatorianos, colombianos y chinos.
Fuente: www.redinmigrante.es
Qué pasa en Andalucía?
La crisis económica ha hecho que los inmigrantes que residen en Andalucía afronten la ‘pérdida de derechos adquiridos’ y el endurecimiento de los criterios para renovar papeles y para acceder a puestos de trabajo y a convocatorias de ayudas.
Así lo ha denunciado el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe anual de 2011. En el capítulo dedicado a la situación de la inmigración en dicha comunidad autónoma, acusa la violación del principio de presunción de inocencia en la denegación de numerosas renovaciones de autorizaciones de residencia y trabajo sobre la base de antecedentes policiales de extranjeros que aún no habían sido juzgados. En muchos de estos casos, los interesados resultaron finalmente absueltos.
‘Se
diría que se percibe un clima que lleva a este modo de proceder:
mientras menos personas puedan optar al trabajo, entre menos deberemos
competir, y si los que excluimos son extranjeros, pues mejor’, afirma el informe.
El documento publica casos en los que se ha denegado la autorización de residencia inicial por arraigo social,
debido a que la empresa que ha contratado al interesado tiene deudas
con la Agencia Estatal Tributaria o con la Tesorería General de la
Seguridad Social, dejándolo sin permiso de residencia por un periodo de un año y cuatro meses ‘debido a que tuvo que cambiar de empleador por deudas’.
El Defensor también dedica unos párrafos a las actuaciones policiales
que ‘se contradicen con las últimas instrucciones dictadas por escrito
al respecto, dando la impresión de que algo se respira en el ambiente,
respaldado por los superiores, que empujan a imponer al extranjero que
se encuentra en simple situación de estancia irregular la sanción administrativa de expulsión del país, en vez de multa’, asegura.
También se denuncia el control más exhaustivo del periodo que permanecen los extranjeros en sus países de origen para comprobar si su permiso de residencia está extinguido por superar el periodo máximo de estancia en el extranjero. www.redindemigrante.es
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